Santiago, Chile
La implementación de la Ley Karin, que busca prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral y sexual en Chile, ha revelado una realidad preocupante: las mujeres siguen siendo desproporcionadamente afectadas por la violencia en sus lugares de trabajo. Siete de cada diez denuncias por acoso laboral provienen de mujeres, un dato que no sorprende pero sí alarma, especialmente en el contexto del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Puntos clave de la implementación de la Ley Karin:
Impacto Desproporcionado en Mujeres: Desde agosto a diciembre de 2024, el 67,8% de las 9.151 denuncias en el sector privado fueron presentadas por mujeres, mientras que en el sector público, esta cifra asciende al 76% de más de 5.000 denuncias, evidenciando una clara dimensión de género en la problemática.
Desafíos para las PYMES: Si bien las grandes empresas se adaptan rápidamente, las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), que generan más del 60% del empleo en Chile, enfrentan obstáculos significativos. Requisitos como la separación física de los involucrados o la necesidad de subcontratar servicios externos para investigaciones resultan difíciles de cumplir debido a limitaciones de espacio y personal, lo que amenaza con convertir la legislación en un privilegio de grandes organizaciones.
Necesidad de Medidas Adaptadas: Se requiere urgentemente desarrollar protocolos simplificados y adaptables a la realidad de las PYMES, crear servicios compartidos de investigación y establecer subsidios específicos para capacitación en prevención. La experiencia internacional, como la de España, muestra la efectividad de estas medidas.
Fortalecer el Acompañamiento a Denunciantes: Es crucial mejorar los mecanismos de apoyo psicológico y legal para quienes denuncian. La efectividad de la ley no solo debe medirse por el número de denuncias, sino por la resolución adecuada de los casos y la reparación efectiva a las víctimas, garantizando que el proceso no revictimice.
La Ley Karin representa un avance significativo en la dignidad laboral, pero su verdadero impacto dependerá de la capacidad de adaptación a todas las realidades laborales para asegurar que la protección contra la violencia y el acoso sea un derecho efectivo para cada trabajadora y trabajador en Chile.